El Defensor del Pueblo constata la inconformidad del megaproyecto Los Carriles con los informes de la Comunidad de Madrid

Hace dos meses, el Defensor del Pueblo había preguntado al Ayuntamiento de Alcobendas si prosiguiera con su megaproyecto urbanístico para la zona Los Carriles (ver post del 26/3/2018). Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alcobendas le ha contestado al Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo ha estudiado la contestación. Como se desprende de una carta del Defensor del Pueblo que he recibido ahora y con la que el Defensor del Pueblo concluye su intervención, el Ayuntamiento de Alcobendas ha simulado profesionalidad y no admitió ningún error. Me imagino que el Defensor del Pueblo se asombró mucho ante tanta astucia y ante tanta terquedad de negar lo evidente. El Defensor del Pueblo escribe: “… la postura jurisprudencial mayoritaria es que las CCAA disponen de facultades de control de legalidad, por una parte, y también sustantivas, abarcando los aspectos de oportunidad que se extienden a las cuestiones que tengan entidad, dimensión o alcance supralocal.” (“CCAA” es una abreviatura para “comunidades autónomas”. La Comunidad e Madrid es una comunidad autónoma.) ¡Qué suerte que los que disponen de sentido común tienen mayoría todavía!

Aquí está el texto entero de la carta del Defensor del Pueblo:

Con relación a la queja arriba indicada, el Ayuntamiento de Alcobendas ha facilitado a esta institución copia del acta de la sesión plenaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2017, a fin de que puedan conocerse los términos en los que se desarrolló la citada sesión y en la que no fue adoptado el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector S-1 “Los Carriles”.

Añade que en estos momentos no existe impulso político alguno para elevar el documento del Plan Parcial del Sector S-1 “Los Carriles” al Pleno municipal y no se prevé reiterar de nuevo este trámite en las próximas sesiones.

En el marco del procedimiento instrumental de evaluación ambiental la Dirección General de Medio Ambiente recoge en el apartado 4 del Informe Ambiental Estratégico los condicionantes que, por su relevancia medio ambiental se consideran determinantes a los efectos establecidos en la Ley 21/2013. Dichos condicionantes ambientales “se deberán reflejar con carácter previo, en la formulación Plan Parcial donde proceda y en particular, de manera conveniente, en la Normativa Urbanística propia del documento, Planos de Ordenación y Estudio Económico del mismo. El Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en este informe y de aquellas otras que, en su caso, sea necesario adoptar para garantizar el cumplimiento de la Ley 21/20 13”.

Todos los condicionantes ambientales (que abarcan desde el punto 4.1 hasta el punto 4.15 del Informe Ambiental) ya fueron incluidos en el documento que se elevó al Pleno municipal en la sesión del 28 de noviembre de 2017.

Finalmente, en el punto relativo a la interpretación normativa de la viabilidad jurídica de alterar las determinaciones del Plan General en materia de redes supramunicipales a través de un instrumento de planeamiento de desarrollo, afirma que, en efecto, el Ayuntamiento mantiene una interpretación sobre esta cuestión distinta de la sustentada en los informes emitidos por la Dirección General del Suelo y la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento instrumental de evaluación ambiental del Plan Parcial “Los Carriles”.

Afirma que en este marco no se puede olvidar que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no contempla como preceptiva la emisión de un informe por parte de la Comunidad tras la aprobación inicial y con carácter previo a la definitiva del Plan Parcial. Considera que en el supuesto de municipios, como el de Alcobendas, con más de 15.000 habitantes, no corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer control previo de legalidad, pudiendo en todo caso acudir a la vía regulada en el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, para impugnar los actos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico.

Siendo como es la evaluación ambiental el fin de la actuación administrativa del órgano ambiental competente, su actuación no puede ir dirigida a valorar cuestiones de legalidad urbanística en abstracto (se valorarán en el curso del procedimiento sustantivo por la Administración competente que, en este caso, es el Ayuntamiento). Por ello, en coherencia con el régimen jurídico aplicable, la Dirección General de Medio Ambiente no incluye como condicionante de su Informe referencia alguna a la cuantificación de las redes públicas que se realiza en el Plan Parcial y, constatando el concreto alcance del procedimiento ambiental estratégico, concluye afirmando que “el informe se redacta sin perjuicio de la viabilidad urbanística de la propuesta de ordenación que se apruebe y únicamente considera aspectos ambientales según la Ley 2112013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.

Entrando en el fondo de la cuestión, señala que el artículo 11.4, Intensidad de uso lucrativo, del Capítulo 11°, Suelo Urbanizable Sectorizado, de la Normativa Urbanística del Plan General de Alcobendas dispone que “Las redes de cesión se grafían de forma aproximada y su localización podrá ser reajustada de forma no sustancial en el planeamiento de desarrollo, y en todo caso con el mantenimiento de la superficie legalmente exigible. Las redes se cuantifican y grafían en el Plan General de acuerdo con la legislación vigente y que, en caso de modificación de la legislación, las determinaciones establecidas en el propio Plan perderán su carácter normativo y se ajustarán a la nueva legislación”.

Esta modificación se operó por la Ley 9/2010, que es posterior al Plan General por lo que hay que estar a su régimen transitorio para determinar la efectividad de las nuevas determinaciones con respecto a las situaciones preexistentes. La Disposición Transitoria Octava “Cesión de suelos para redes públicas supramunicipales” de ese nuevo texto legal establece la siguiente regulación:

“Respecto de la cesión de suelos para redes públicas supramunicipales, los instrumentos de planeamiento que a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran en trámite y contaran con la aprobación inicial, mantendrán su tramitación y se resolverán conforme a la legislación a tenor de la cual fueron elaborados.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá optar por la retirada del instrumento de planeamiento y la tramitación de uno nuevo en el que no será necesaria la cesión de suelos para redes públicas supramunicipales”.

Evidentemente, la posibilidad de que el planeamiento de desarrollo (Plan Parcial del sector “Los Carriles”) pueda incorporar las determinaciones conforme a la nueva normativa de redes supramunicipales dependerá de la lectura que se haga del citado régimen transitorio.

Afirma que la aplicación de la Disposición Transitoria mencionada requiere una labor interpretativa que corresponde realizar al operador jurídico que ha de aplicar la norma y que, en este caso, es el Ayuntamiento que elabora y aprueba el planeamiento de desarrollo objeto de tramitación. En este sentido, afirma la Entidad local que ha considerado la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sentencia de 11 de febrero de 2014, en la que se ha corroborado que el planeamiento de desarrollo (en tramitación o el posteriormente aprobado) podía incorporar directamente las nuevas determinaciones legales en materia de redes generales y locales y vivienda protegida. Dicha Sentencia recae como consecuencia del recurso interpuesto por Acción-coda contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas de 26 de septiembre de 2012 por el que se aprueba la adaptación del Plan General a la modificación de la Ley 9/2001 operada por la Ley 6/2011, y se pronuncia al respecto en los siguientes términos:

“En cierta medida la redacción de la Disposición Transitoria es compleja en sus términos pues mezcla conceptos y deja indefinido el procedimiento de adaptación. Veamos, cuando dice que “será de aplicación a los expedientes de planeamiento que a la entrada en vigor de la presente ley no estuvieran aprobados definitivamente” podría resultar evidente que tiene que referirse a los Planes Generales y de Sectorización de conformidad con el contenido del artículo 36 en relación con los [sic] artículos 41.2 b) y 44.2, pero lo cierto es que, como dijimos en nuestra sentencia de 25 de octubre de 2007 (recurso 1270/2030), el art. 36 de la LSM no atribuye al planeamiento general los niveles de servicio de las redes supramunicipales (su localización y dimensionamiento se encomienda al planeamiento regional) y solo en su defecto al planeamiento general (ver apartado 4). Las redes generales, por el contrario, se hallan estandarizadas en el apartado 5 del citado art. 36, referidas tanto a los suelos urbanizables como al urbano no consolidado (nada se dice del suelo urbano consolidado), y han de ser definidas en la ordenación estructurante, pero respecto al conjunto del municipio. Y en cuanto a las redes locales, aunque su dimensionamiento viene estandarizado en el art. 36.6, constituyen una determinación pormenorizada (ver art. 35.4, e) y aquí el plan solo ha de justificar que se aproxima lo más posible a los estándares del art. 36.6 (ver art. 42.5 sobre contenido sustantivo de las determinaciones para el urbano), por lo tanto la Disposición perfectamente puede estar refiriéndose al planeamiento general como al de desarrollo.

La cuestión se complica más cuando, continúa el precepto, señala que “…, cualesquiera que sean las previsiones del Plan al respecto y sin necesidad de modificar éste, cuando así se haya solicitado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y sin necesidad de retrotraerse a fases anteriores en la tramitación”, es claro que no se puede estar refiriendo al Plan General dado que parte de la existencia de unas previsiones que el propio Plan establece y las asume sin necesidad de proceder a su previa modificación.

En realidad la Disposición se está refiriendo a expedientes de planeamiento en tramitación, “no estuvieran aprobados definitivamente” dice, lo que conlleva la aplicación directa de las nuevas determinaciones establecidas en los artículos 36.5 y 6 y el artículo 38.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, y ello sin necesidad de modificar el Plan General o Plan de Sectorización pues se entiende que quedan expresamente sin efecto las determinaciones por eficacia directa de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre.

En consecuencia, aun cuando su contenido pueda ser coincidente con las nuevas determinaciones legales el Acuerdo Impugnado quiebra el artículo 67.1 de la LSCM y la disposición transitoria tercera de la Ley 6/2011 ya que al tratarse de una modificación sustancial por afectar a determinaciones estructurantes si quería modificarlas debería haber acudido al procedimiento legal establecido en aquel precepto o bien aplicarlas con ocasión de la tramitación del planeamiento de desarrollo de los Sectores afectados (a este respecto la Sección pone sus dudas en relación con la aplicación directa del tenor de la disposición pues tratándose el sector de una unidad integrada en el sentido de autosuficiente en equipamientos y servicios, y que han sido calculados en función de la población, los usos y la edificabilidad previstos, dejasen de ser aplicables cuando al propio tiempo y desde el plan general se establecen los sistemas o redes para todo el municipio y que han tenido en cuenta la densidad global máxima y la capacidad de carga y se produzca dicha modificación sin atender tales parámetros generales), pero en ningún caso podía introducir directamente dichas determinaciones en el Plan General al no existir una habilitación expresa en tal sentido por parte de la Ley 6/2011 por ello se estimará el presente recurso.”

Señala el Ayuntamiento que de la sentencia parcialmente transcrita cabe extraer algunas conclusiones:

(i) Se despeja cualquier duda inicial sobre la incompatibilidad del planeamiento de desarrollo para incorporar las nuevas determinaciones legales establecidas en los artículos 36.5 y 6 y el artículo 38.2 de la LSCM (a pesar de su carácter estructurante en lo que se refiere a las cesiones de redes generales).

(ii) Las nuevas determinaciones legales son de aplicación directa (no resulta preciso modificar el Plan General o Plan de Sectorización).

(iii) Las nuevas determinaciones legales pueden incorporarse a la ordenación mediante una modificación del Plan General de Alcobendas conforme a lo previsto en el artículo 67.1 de la LSCM o bien aplicarse con ocasión de la tramitación del planeamiento de desarrollo de los Sectores afectados (en este caso, sin necesidad de modificar el Plan General previamente).

Entiende que desde esta perspectiva, la interpretación realizada por dicha Corporación no es, en absoluto, ilógica o arbitraria, sino que, al contrario, se basa en la doctrina jurisprudencial citada, que constata que “(…) la disposición perfectamente puede estar refiriéndose al planeamiento general como al de desarrollo (…)” y que si el Ayuntamiento quería modificar los estándares de redes públicas debería “aplicarlas con ocasión de la tramitación del planeamiento de desarrollo de los Sectores afectados”.

Por último, quiere destacar la Administración local que, como se puede comprobar en el documento del Plan Parcial, las reservas indicadas en la ficha del Plan General para las que se pueden denominar Redes Públicas Estructurantes (Supramunicipales + Generales) en el Sector son de 968.003 m2 y el Plan Parcial reserva un total para estas Redes Estructurantes de 979.580 m2, lo que supone una reserva de suelo de 11.577 m2 más que las indicadas en la propia ficha del Plan General y de 764.864 m2 más que las legalmente establecidas.

En definitiva, la ordenación pormenorizada establecida por el documento del Plan Parcial cumple, en todos los casos, los estándares mínimos de redes establecidos por la LSCM. El Plan Parcial respeta, de esta forma, la cuantía mínima de Redes Públicas Estructurantes señalada en la ficha del Plan General para el Sector. Lo único que se produce, en realidad, es un cambio en la titularidad de las Redes Públicas Estructurantes, pasando todas ellas a formar parte del suelo público municipal, por lo que la supresión de las Redes Supramunicipales en el sector no produce efecto sustantivo alguno en dicho ámbito ni en el conjunto del municipio de Alcobendas.

Una vez analizado su contenido, se efectúan las siguientes consideraciones por parte de esta institución:

  1. Tradicionalmente, el Derecho urbanístico español ha configurado al planeamiento urbanístico como una potestad administrativa de competencia municipal, que la Corporación ejerce de manera discrecional y en régimen de autonomía.
  2. En nuestro ordenamiento existe un amplio cuerpo de disposiciones sectoriales, tanto estatales como autonómicas, que constituyen un límite imperativo para el despliegue de la discrecionalidad planificadora municipal. Por ejemplo, varios tipos de informes preceptivos y vinculantes previstos por las leyes, y que han de ser emitidos por la Administración estatal se han considerado compatibles con la autonomía local por la jurisprudencia, y hoy los recoge el propio texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, calificándolos de “determinantes”. Además, en el procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento la comunidad autónoma ejerce competencias propias, diferentes de las competencias genéricas de “control inter-administrativo”.En efecto, las CCAA disponen de dos importantes bases competenciales desde las cuales introducir “correcciones”, “medidas correctoras” o “condiciones” en el proyecto de plan urbanístico elaborado en sede local. La primera es su competencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, que se desenvuelve tanto en el plano normativo, como en el de planificación y en el ejecutivo. La segunda, su competencia en materia de medio ambiente, en el doble plano legislativo (normas adicionales de protección) y sobre todo ejecutivas (artículo 148.9 de la Constitución). No hay, por tanto, que olvidar que las CCAA disponen de todas las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio y también en materia ambiental.
  3. Además la postura jurisprudencial mayoritaria es que las CCAA disponen de facultades de control de legalidad, por una parte, y también sustantivas, abarcando los aspectos de oportunidad que se extienden a las cuestiones que tengan entidad, dimensión o alcance supralocal. Desde la perspectiva del control de “mera” legalidad, la Administración autonómica dispone de un amplio margen para controlar si el plan sometido a aprobación definitiva cumple todas y cada una de las normas ambientales sectoriales, estatales o sectoriales, que condicionan o limitan la actividad urbanística (contaminación atmosférica, ruido, residuos, protección de la naturaleza, demandas hídricas, etc.). Desde la del control de oportunidad para la salvaguarda de intereses supralocales, es evidente que la protección del medio ambiente (ámbito en el que las CCAA tienen competencias exclusivas), constituye una cuestión de ámbito supralocal, y que cuando aquellas actúan en defensa del medio ambiente ejercen competencias propias.En ese sentido, y como ha establecido la jurisprudencia contencioso- administrativa, el control autonómico puede revisar las decisiones de la entidad local, en aspectos discrecionales que tienen que ver con intereses supralocales.
  4. En cualquier caso, más allá de las discrepancias manifestadas en sus informes por ambas administraciones, local y autonómica, en lo que se refiere a la interpretación normativa de la viabilidad jurídica de alterar las determinaciones del Plan General en materia de redes supramunicipales a través de un instrumento de planeamiento de desarrollo, lo cierto es que todo indica que el Plan Parcial del Sector S-1 ‘Los Carriles’ no va a aprobarse definitivamente al menos en los términos en que está planteado actualmente, dado que como señala el informe del Ayuntamiento en la sesión plenaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2017 no fue adoptado dicho acuerdo y además no existe en estos momentos impulso político alguno para elevar de nuevo el documento al Pleno municipal.

Por ello, se dan por FINALIZADAS las actuaciones practicadas y por emitida la correspondiente información prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)

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Un nueva exposición en el Centro de Arte Alcobendas: Fotos de aves

El miércoles que viene se inaugurará, en el Centro de Arte Alcobendas, a las 11 horas, una exposición fotográfica sobre aves con el título “Never-ending Handbook. Guía de las aves de mi mundo. Juan del Junco”. Las fotos las tomó un fotógrafo artista con nombre Juan del Junco. Ver información del Centro de Arte Alcobendas: http://www.centrodeartealcobendas.org/es/guia-aves-mundo-juan-junco. La exposición se podrá visitar hasta el 25 de agosto de 2018, de lunes a sábado – salvo en días festivos -, de 11 a 20 horas.

En Alcobendas hay una zona llamada “Los Carriles” la que tiene una extensión de más de 217 hectáreas y está cubierta por una maravillosa pradera. El Ayuntamiento de Alcobendas quiere que se erija allí un nuevo barrio con 27.000 habitantes lo que sería claramente ilegal. La zona forma parte del hábitat de plantas y animales salvajes y es frecuentado por vecinos, deportistas y amantes de la naturaleza. Entre los animales que se asoman allí hay aves, también aves en peligro de extinción – hasta águilas (ver mi video en el post del 19/5/2017). En los posts anteriores hay más información sobre el megaproyecto urbanístico y las protestas contra él.

Monjas horrorosas

Hace unos días Cadena SER Madrid Norte informó sobre un caso peculiar de especulación urbanística (ver post anterior). En el periódico mensual La Tribuna de la Moraleja ha salido ahora un artículo (https://www.tribunadelamoraleja.com/noticia/7293/actualidad/el-pleno-de-alcobendas-votara-si-se-mantiene-o-no-el-edificio-de-la-iglesia-de-las-esclavas-de-la-moraleja.html). La Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús – ¿qué dice? ¿Nada?

25/4/2018: El periódico diario La Razón afirma que la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús “en la actualidad … negó a este diario que tuviera intención alguna de vender su propiedad” (artículo “Alcobendas llevará a Sol la protección de la iglesia de las Esclavas”, https://www.larazon.es/local/madrid/alcobendas-llevara-a-sol-la-proteccion-de-la-iglesia-de-las-esclavas-AA18188181). Parece que las monjas ahora, al final, han cambiado de intención.

Una iglesia traicionada por su Iglesia

Algo que parece imposible está pasando en Alcobendas. Los vecinos de la zona La Moraleja de Alcobendas y el Ayuntamiento de Alcobendas intentan salvar una iglesia católica de la avaricia de la Iglesia Católica, más específicamente del Arzobispado de Madrid. El Ayuntamiento de Alcobendas es del PP – un partido que tradicionalmente favorece a la Iglesia Católica y que en el pasado ha facilitado grandísimas donaciones gubernamentales a la Iglesia Católica a nivel nacional. El caso actual de la iglesia en La Moraleja crea la impresión de deslealtad de la Iglesia Católica – o sus funcionarios de alto rango – para con sus propias doctrinas o hasta para con la religión y la moraleja en general.

Para la semana que viene el Ayuntamiento de Alcobendas ha programado una votación en el pleno del ayuntamiento con el objetivo de impedir la demolición de la iglesia en La Moraleja.

La iglesia en La Moraleja está situada en un jardín. Antiguamente, el jardín era mucho más grande, hasta que, hace catorze años, la Iglesia Católica vendió la parte más grande de él a un hombre de negocio. Luego, la parte vendida del jardín fue destruido por la construcción de nuevos edificios.

Ver artículo de Cadena SER Madrid Norte “Alcobendas lucha por paralizar la venta de unos terrenos (en La Moraleja) cedidos a una congregación de monjas” de hoy (http://cadenaser.com/emisora/2018/04/19/ser_madrid_norte/1524133357_089278.html). Ver también el post del 19/5/2016 en este blog.

 

El Defensor del Pueblo se pone al lado de la Plataforma Salvemos el Monte de Valdelatas confirmando la ilegalidad del macroproyecto urbanístico para la zona “Los Carriles”

En el término municipal de la ciudad Alcobendas hay una zona llamada “Los Carriles” la que tiene una superficie de más de 217 hectares y está cubierta de una maravillosa pradera. En el medio siglo pasado se han urbanizado muchas zonas de Alcobendas, y la población ha crecido desde unos miles hasta los 114.000 de ahora. El ayuntamiento quiere urbanizar a Los Carriles y quiere que se aumente la población de Alcobendas aún más (en cerca de 27.000 habitantes hasta 141.000). Pero Alcobendas es un bonito sitio, y los vecinos de Alcobendas quieren que se quede así – como un bonito sitio, todavía. Ya están hartos del ruido de tráfico y del hacinamiento, de la polución y del bullicio.

A comienzos del año pasado me dirigí al Defensor del Pueblo. ¡Hoy es un gran día! Acabo de recibir un escrito del Defensor del Pueblo. También este escrito del Defensor del Pueblo contiene una valiosa recopilación de datos, y además – a diferencia de sus escritos anteriores (ver posts del 18/4/2017 y del 8/5/2017) – toma a los argumentos de la Plataforma Salvemos el Monte de Valdelatas (ver post del 26/9/2016) en serio. Puede que la votación del pleno del ayuntamiento de Alcobendas hace cuatro meses (ver post del 29/11/2017) hizo que el Defensor del Pueblo ha aprendido una lección. El Defensor del Pueblo aboga ahora expresamente por no urbanizar a la zona “Los Carriles”: “En ese momento ha de optarse por la alternativa que suponga un menor impacto ambiental y un menor consumo de recursos naturales, incluida la llamada “alternativa cero”, o sea la no realización del plan; …” Así que, al final, ¡hemos conseguido a este poderoso aliado! Nos felicito.

Aquí está el texto entero del escrito:

Con relación a la queja arriba indicada se le comunica que la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha facilitado a esta institución copia de los informes ambientales estratégicos emitidos por la Dirección General del Medio Ambiente, correspondientes a los expedientes motivados por actuaciones urbanísticas, número 15/086, sobre el Plan Parcial del Sector S-1 “Los Carriles”, del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas (en adelante PGOU) y el número 15/087 sobre el Plan Especial de Infraestructuras del citado Sector S-1 “Los Carriles”, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.

Asimismo, en ambos informes se dispone que sus conclusiones perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, no se hubiera procedido a la aprobación del plan en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tales casos, se deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan (artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental).

Tras analizar su contenido, esta institución ha dirigido al Ayuntamiento de Alcobendas las siguientes consideraciones.

  1.     A la vista de la información aportada por la Consejería, todo parece indicar que, de momento, el Plan Parcial no puede aprobarse al menos en los términos en los que está planteado en la actualidad, dado que ha de modificarse para dar cumplimiento a las observaciones formales y técnicas señaladas por la Dirección General de Urbanismo, algunas de ellas de notable relevancia, hasta el punto que han motivado que aquella declare la inviabilidad urbanística de la actuación. Asimismo deben incorporarse en el documento los condicionantes, numerosos y también de suma importancia, establecidos en los informes ambientales estratégicos emitidos por la Dirección General del Medio Ambiente.
  2.     En efecto, desde un punto de vista estrictamente urbanístico, consta informe desfavorable emitido por la Dirección General del Suelo el 23 de junio de 2015 que contiene unas duras consideraciones acerca de la propuesta de Plan Parcial del sector S-1 “Los Carriles” en relación con el cumplimiento del deber de cesión de suelo para redes supramunicipales en el sector.
    Así, manifiesta que no se localizan ni se cuantifican las cesiones de suelo con destino a estas redes previstas por el PGOU vigente en Alcobendas. El Plan Parcial constituye planeamiento de desarrollo, desprovisto de rango de planeamiento general, por lo que no resulta un documento válido para modificar determinaciones estructurantes establecidas por aquel. Además entiende que puesto que el citado PGOU en la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, se encontraba ya aprobado definitivamente, en ningún caso le era de aplicación el supuesto previsto en la disposición transitoria octava de la ley.
    Concluye la Dirección General del Suelo que “el documento propuesto no cumple las obligaciones relativas a cesión de Redes Supramunicipales en el sector 1 “Los Carriles” de Alcobendas, conforme a la legislación que le es de aplicación, por lo que se informa desfavorablemente”.
  3.     Asimismo consta informe de la Dirección General de Urbanismo de julio de de 2016 en el que también realiza una contundente valoración desfavorable similar a la de la Dirección General de Suelo, sobre algunas determinaciones del Plan Parcial, en concreto la relativa al cumplimiento del deber de cesión de suelo para redes supramunicipales. Concluye lo siguiente:
    Es la Disposición Transitoria octava de la Ley 9/2010 y no el artículo 11.4. Intensidad de uso lucrativo de la Normativa del Plan General, la que determina a qué situaciones del Plan General les resulta de aplicación la nueva normativa y cuales se rigen por la legislación conforme a la cual fueron elaboradas, que en el caso de esta Ley serían los instrumentos de planeamiento que contaban ya con la aprobación inicial.
    Por lo tanto, las determinaciones de redes públicas supramunicipales de la Revisión del Plan General de 2009, tras la entrada en vigor de la Ley 9/2010 y, a la vista de su Disposición Transitoria octava, mantienen su vigencia conforme a la legislación a tenor de la cual fueron elaboradas. No puede un artículo normativo como es el 11.4. Intensidad de uso lucrativo, modificar los efectos de la Ley 9/2010. Esto debe entenderse así, especialmente después de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 110/2014, de 11 de febrero.
    Las reservas y dimensiones de suelos de cesión para redes públicas supramunicipales, según establece la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, son determinaciones estructurantes (art. 36.3.a) establecidas por el planeamiento territorial o, en su defecto, planeamiento general (art. 36.4). AI tratarse de determinaciones estructurantes, propias del Plan General deben ser establecidas y alteradas por instrumentos de planeamiento general y siguiendo el mismo
    procedimiento seguido para su aprobación (art.67.1). Así pues, el Plan Parcial como planeamiento de desarrollo, no puede con su ordenación pormenorizada contradecir o vulnerar determinaciones estructurantes que son propias del planeamiento general. (art. 34.3).
    El informe de la Dirección General de Urbanismo concluye señalando que la propuesta de ordenación no resulta congruente con la ordenación estructurante establecida por el Plan General, al desaparecer las redes supramunicipales, desafectando suelos cuyo destino es de Viviendas de Integración Social y Equipamiento Social. Por todo ello la propuesta de Plan Parcial Sector S-1 “Los Carriles” no se considera viable urbanísticamente.
  4.      Desde el punto de vista medioambiental, si bien es verdad que el informe Ambiental Estratégico del Plan Parcial del Sector S-1 ‘Los Carriles’ no es desfavorable, sin embargo también lo es que contiene unos numerosos e importantes condicionantes ambientales que el Ayuntamiento ha de incorporar con carácter previo, en el Plan Parcial y en particular, en la Normativa Urbanística propia del documento, Planos de Ordenación y Estudio Económico del mismo. A la Entidad local le corresponde asimismo verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en el informe, concretamente en su apartado 4.
    Del contenido del Informe Ambiental Estratégico cabe destacar lo dicho en relación con el posible incumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos para las áreas residenciales, incluso adoptando las medidas correctoras previstas; la declaración del arroyo de la Vega, que atraviesa el sector, como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación dentro de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica del Tajo; así como la necesidad de actualizar el estudio de caracterización de la calidad del suelo y de incluir medidas para evitar el deterioro y la contaminación de los hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre, entre otras cuestiones.
    Finalmente ha de tenerse en cuenta también que el planeamiento urbanístico, entendido como instrumento de determinación del modelo de ciudad futura y de la forma en que se ordenarán las actividades en el territorio, lleva consigo importantes impactos sobre el medio natural, que deben ser evaluados y corregidos con el fin de optar por las estrategias territoriales que supongan un menor sacrificio de los recursos y sistemas de soporte de nuestro modelo de gestión de desarrollo. Esta institución en los informes que de su gestión anualmente presenta a ambas Cámaras, insiste en la necesidad de admitir los criterios de sostenibilidad como principio informador del planeamiento municipal y, por tanto, incorporarlos en la fase de elaboración del plan. En ese momento ha de optarse por la alternativa que suponga un menor impacto ambiental y un menor consumo de recursos naturales, incluida la llamada “alternativa cero”, o sea la no realización del plan; lo que por definición debería contribuir a impedir la realización de proyectos urbanísticos insostenibles.
  5.      Esta institución ha tenido conocimiento a través de la Web municipal de que, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento habría rechazado la aprobación del Plan Parcial del Sector S-1 ‘Los Carriles’

Por todo ello, se ha solicitado al Ayuntamiento de Alcobendas lo siguiente:

  1. Que remita copia del acta de la sesión plenaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2017, a fin de que esta institución pueda conocer en qué términos se adoptó el acuerdo relativo a este desarrollo urbanístico.
  2. Que confirme si va a proseguir con la tramitación del Plan Parcial del Sector S-1 ‘Los Carriles’, al menos en los términos en que está planteado en el documento aprobado inicialmente.
  3. En caso de respuesta a afirmativa, confirme si ha procedido a introducir en el documento las modificaciones planteadas en sus informes tanto por la Dirección General de Suelo como por la de Urbanismo relativas al cumplimiento del deber de cesión de suelo para redes supramunicipales. Asimismo deberá confirmar y acreditar que ha incorporado en el Plan parcial los condicionantes ambientales establecidos en el informe ambiental estratégico emitido por la Dirección General del Medio Ambiente.

Tan pronto se reciba la respuesta municipal, se le dará traslado de su contenido y de las actuaciones que procedan. Hasta entonces se suspenden las actuaciones con la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

Presentación de un nuevo libro sobre plantas en la Mediateca Pablo Iglesias, mañana a las 19 horas, con entrada libre

En la revista (del ayuntamiento de Alcobendas) SieteDías que salió la semana pasada, en la página 21, se anuncia la presentación de un nuevo libro. El libro lleva el título “8.256 remedios naturales” y trata de plantas. Su autor se llama Enrique Centén Martín.

La zona “Los Carriles” de Alcobendas está cubierta por una pradera. La gente va allí para recrearse y para hacer deporte disfrutando de la tranquilidad y de la pureza del aire. Muchas de las hierbas de la pradera pueden servir de remedio – ¡natural y gratuito! Hay caballos, un burro y de vez en cuando ovejas que se las comen. Lamentablemente, la pradera está amenazada por un gigantesco proyecto urbanístico. Puede suceder que ¡el comportamiento de los caballos, burros y ovejas sea más prudente que el de los humanos!

De momento, el megaproyecto urbanístico está parado porque los grupos oposicionales en el pleno del ayuntamiento han votado todos en contra. Si solo un grupo oposicional falla en su rechazo, ¡el megaproyecto tendrá mayoría en el pleno! Más información sobre Los Carriles en los posts anteriores en este blog.

Una nueva jugada del Ayuntamiento de Alcobendas en dirección a la realización del macroproyecto urbanístico Los Carriles: Se sale de la Asociación Administrativa de Cooperación del Sector Los Carriles

En la revista municipal de Alcobendas SieteDías del 12 de enero de 2018 (nº 1412), en la página 4, se puede leer bajo el título “Crónica del Pleno. Sesión ordinaria del 19 de diciembre”: “… se dio cuenta de la renuncia del Ayuntamiento a la condición de propietario asociado a la Asociación Administrativa de Cooperación del Sector Los Carriles.”

En la asociación administrativa mencionada, los propietarios de parcelas en la zona Los Carriles están reunidos. El ayuntamiento de Alcobendas es propietario de 13 porcién del terreno de Los Carriles. En el debate sobre el macroproyecto urbanístico Los Carriles, un grupo municipal de la oposición, Ciudadanos, había exigido que el Ayuntamiento de Alcobendas se saliera de la asociación administrativa (ver el segundo artículo vinculado en el post anterior). En el año pasado, el partido político que gobierna en Alcobendas en minoría, el Partido Popular (PP), ha estado en vano presionando a Ciudadanos a que se pusiera a su lado y que, en el pleno del ayuntamiento, votara a favor de aprobar el macroproyecto.

No todos los propietarios de parcelas en la zona Los Carriles son partidarios de urbanizar a la zona Los Carriles, pero la mayoría de ellos sí lo son. Entre los propietarios hay empresas y particulares. También un colegio de ingenieros está entre los propietarios, y tal vez también colegios de escuela. Un vecino y miembro de la Plataforma Salvemos el Monte de Valdelatas me contó que entre los propietarios están familias que están entre las familias más ricas de Alcobendas.

La zona Los Carriles está colindante a la reserva natural “Dehesa de Valdelatas” y está cubierta de una maravillosa pradera. Se pueden ver allí plantas y animales de muchas especies, hasta de especies amenazadas de extinción. La gente va allí para recrearse y para hacer deporte.

En 2016, la Plataforma Salvemos el Monte de Valdelatas recogío 1.900 firmas contra el macroproyecto urbanístico.