Excursión a la Dehesa de Valdelatas

Como se puede leer en la edición actual de la revista del Ayuntamiento de Alcobendas SieteDías, en la página 18, Imagina, una institución que ofrece un programa para la juventud, organiza una excursión “en familia por el Monte de Valdelatas”:

BREVES. EN FAMILIA POR EL MONTE DE VALDELATAS. El domingo 20 de enero, a partir de las 10 h, tendrá lugar una nueva cita con el programa Aire libre en Familia. Se trata de una salida al monte de Valdelatas para conocer la fauna y la flora predominante de la zona pensada para familias con niños entre 6 y 14 años. La actividad se organizará con juegos adaptados a los más pequeños y una gran yincana. Las inscripciones se realizan en la web de Imagina (imaginalcobendas.org) desde hoy viernes 11 de enero y el precio por persona es de 3 euros para empadronados y 5 euros para no empadronados.
El texto va acompañado por una foto de la de Dehesa de Valdelatas. Pero el Monte de Valdelatas no solo incluye a la Dehesa de Valdelatas sino también, entre otras zonas, a la zona Los Carriles. En el pasado, los de la Plataforma Salvemos el Monte de Valdelatas hemos señalado a este hecho (ver posts del 21/1/2017 y del 18/6/2017).
En la zona Los Carriles se extiende una maravilla pradera (ver galería de fotos a la derecha) la que está amenazado de ser aniquilado por un gigantesco proyecto urbanístico (ver posts anteriores).
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Una manifestación contra el macrovertedero en Colmenar Viejo

Onda Cero Madrid Norte ha publicado en YouTube un reportaje sobre una manifestación en Colmenar Viejo que tuvo lugar la semana pasada. Señalo que según el alcalde de Alcobendas el macrovertedero en Colmenar Viejo estará colmatado “dentro de dos años y medio” (ver post anterior) mientras que el reportaje dice que el macrovertedero ya llegará a estar colmatado en 2019 si no se amplia. En el mes pasado hubo una votación en la asamblea de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste de Madrid sobre la propuesta de “iniciar la tramitación administrativa necesaria para ampliar un nuevo vaso en el vertedero de Colmenar Viejo” (edición del 16/11/2019 de la revista del ayuntamiento de Alcobendas SieteDías, http://comunicacion.alcobendas.org/sites/default/files/publicacion/7dias1449_0.pdf, página 10). “La propuesta fue rechazada por un 38,68% (voto ponderado), mientras que a favor votó un 37,87%.” El alcalde de Alcobendas comentó que esa decisión fue “irresponsable, porque supone paralizar una ampliación que no sería efectiva hasta dentro de dos años y medio, sabiendo que el actual estará sin capacidad en agosto de 2020 y que, durante el primer año, la mancomunidad no asumirá ninguna obligación de licitación o contratación”.

El alcalde de Alcobendas es también un ferviente propulsor de un macroproyecto urbanístico (en territorio de Alcobendas) contra cuya realización también hubo protestas masivas (ver posts anteriores).

El ayuntamiento de Alcobendas revela involuntariamente la insostenibilidad del crecimiento de Alcobendas

El ayuntamiento de Alcobendas ha afirmado repetidamente que el macroproyecto urbanístico en la zona llamada “Los Carriles” fuera “sostenible”.

Una vez el alcalde de Alcobendas – la misma persona que sigue en el cargo hasta hoy – dijo al diario El Mundo: “Es fundamental la sostenibilidad en este proyecto, porque queremos y necesitamos que tenga un mantenimiento barato” (artículo “Alcobendas proyecta una segunda Moraleja” publicado el 2 de marzo de 2012 – ver post del 19 de julio de 2016). En enero del año pasado él dijo al periódico mensual Tribuna de la Moraleja sobre el proyecto urbanístico en Los Carriles: “Un proyecto para la dotación de miles de viviendas de protección pública, urbanísticamente impecable, que permitirá a Alcobendas ser definitivamente sostenible, que aportará a su ayuntamiento los recursos necesarios para las inversiones que la ciudad necesita, que reforzará nuestra oferta para la captación de nuevas empresas que creen miles de puestos de trabajo, no puede ser negado, para que ‘no nos apuntemos el tanto'” (artículo “Proyecto para realizar 9.000 viviendas: El pleno votará sobre Los Carriles en marzo” del 19 de enero 2017, https://www.tribunadelamoraleja.com/noticia/6523/actualidad/el-pleno-votara-sobre-los-carriles-en-marzo.html). Últimamente, el portavoz del grupo municipal del partido político gobernante – del Partido Popular – hasta hizo esa polémica declaración de muy bajo nivel argumentativo: “Quienes anteponen su estrategia de partido al desarrollo y mejora de la Ciudad pidiendo que se pospongan actuaciones como el Plan Maestro o al desarrollo de Los Carriles, son antiestrategia, son anti-Alcobendas; son los que frenan el crecimiento sostenible y equilibrado” (revista municipal SieteDías, edición del 30 de noviembre de 2018, página 5, https://issuu.com/ayuntamiento_alcobendas_public/docs/7di_as1451).

No obstante, en la última edición de la revista municipal SieteDías (del 14 de diciembre de 2018, https://issuu.com/ayuntamiento_alcobendas_public/docs/7dias1453), en la página 7, se puede leer lo siguiente:

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS DEL NOROESTE. La Mancomunidad de Residuos del Noroeste ha aprobado esta semana la ampliación del vertedero de Colmenar Viejo con un 50,67% de votos a favor y un 40,98% en contra. “El vertedero de Colmenar Viejo, que dentro de dos años y medio, si no cambia la estrategia de residuos, estará colmatado, con la ampliación podrá admitir más basura procedente de los 80 municipios que vierten a él”, ha destacado el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. Han votado a favor Algete, Cobeña, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Guadalix de la Sierra, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Pedrezuela, San Agustín del Guadalix, Valdeolmos, Valdetorres y Alcobendas. Han rechazado la ampliación Alpedrete, Cercedilla, El Boalo, Manzanares el Real, Miraflores, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Torrelodones y Tres Cantos.”

Con eso, al final, ¡el ayuntamiento ha revelado la verdad sobre la sostenibilidad de Alcobendas con respecto al medio ambiente! ¡Mis felicidades!

Si Alcobendas fuera tan sostenible como afirma su ayuntamiento, entonces ¡no necesitaría terreno en el territorio de otro municipio para que allí se deposite basura procedente de Alcobendas!

La revista del ayuntamiento sigue metiendo a los vecinos los dedos por los ojos

Aunque el Ayuntamiento de Alcobendas hace continuadamente alarde de ser galardondo por la transparencia de su gestión (ver, por ejemplo, en SieteDías actual, página 4), hay cosas en su gestión que no son transparentes. Entre ellas están los criterios de sobre qué sucesos en Alcobendas informa la revista semanal SieteDías, a la que el Ayuntamiento de Alcobendas publica.

El SieteDías, por un lado, destaca la remodelación de solares verdes que tienen una extensión de solo unos miles de metros cuadrados (ver, por ejemplo, al artículo “El nuevo Parque Félix Rodríguez de la Fuente: menos pradera y más zonas estanciales” en el SieteDías del 1 de junio de 2018, página 8, o al artículo “Alcobendas invierte 472.000 euros en remodelar los parques de Canarias y de Salamanca” en el SieteDías del 7 de septiembre de 2018, página 15), y, por otro lado, ni siquiera menciona la gran importancia que tiene para el medio ambiente local la zona Los Carriles – una zona con una extensión de 217 hectares – eso son ¡más de dos millones de metros cuadrados!

En la edición actual (del 21 de septiembre de 2018) del SieteDías, en la página 4, se lee: “El alcalde insistió en que la negativa de la oposición a Los Carriles es el mayor castigo que se ha hecho a la ciudad y dijo que ese ‘no’ puede costarle a la ciudad más de 20 millones de euros que reclama la Asociación de Propietarios de Los Carriles por la negativa a ejercer su derecho reconocido en el PGOU.” La veracidad de la alegación del alcalde es nada cierta, ya que, como el Defensor del Pueblo ha constatado (ver post anterior), el plan general de ordenación urbana (PGOU) en cuestión – el megaproyecto urbanistico para la zona Los Carriles -, no está conforme con la leyes de tráfico y de medioambiente. Pero aunque si fuera veraz, ¿no vale la naturaleza en Los Carriles mucho más que 20 millones de euros?

Desde abril 2016 había varias manifestaciones y una entrega de firmas contra el megaproyecto Los Carriles (ver posts de los años 2016 y 2017). ¡Todos fueron ninguneados por los redactores y editores del SieteDías! Y también está siendo ninguneado la intervención del Defensor del Pueblo. ¡Vaya! – ¡Qué intransparencia!

El Defensor del Pueblo constata la inconformidad del megaproyecto Los Carriles con los informes de la Comunidad de Madrid

Hace dos meses, el Defensor del Pueblo había preguntado al Ayuntamiento de Alcobendas si prosiguiera con su megaproyecto urbanístico para la zona Los Carriles (ver post del 26/3/2018). Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alcobendas le ha contestado al Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo ha estudiado la contestación. Como se desprende de una carta del Defensor del Pueblo que he recibido ahora y con la que el Defensor del Pueblo concluye su intervención, el Ayuntamiento de Alcobendas ha simulado profesionalidad y no admitió ningún error. Me imagino que el Defensor del Pueblo se asombró mucho ante tanta astucia y ante tanta terquedad de negar lo evidente. El Defensor del Pueblo escribe: “… la postura jurisprudencial mayoritaria es que las CCAA disponen de facultades de control de legalidad, por una parte, y también sustantivas, abarcando los aspectos de oportunidad que se extienden a las cuestiones que tengan entidad, dimensión o alcance supralocal.” (“CCAA” es una abreviatura para “comunidades autónomas”. La Comunidad e Madrid es una comunidad autónoma.) ¡Qué suerte que los que disponen de sentido común tienen mayoría todavía!

Aquí está el texto entero de la carta del Defensor del Pueblo:

Con relación a la queja arriba indicada, el Ayuntamiento de Alcobendas ha facilitado a esta institución copia del acta de la sesión plenaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2017, a fin de que puedan conocerse los términos en los que se desarrolló la citada sesión y en la que no fue adoptado el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector S-1 “Los Carriles”.

Añade que en estos momentos no existe impulso político alguno para elevar el documento del Plan Parcial del Sector S-1 “Los Carriles” al Pleno municipal y no se prevé reiterar de nuevo este trámite en las próximas sesiones.

En el marco del procedimiento instrumental de evaluación ambiental la Dirección General de Medio Ambiente recoge en el apartado 4 del Informe Ambiental Estratégico los condicionantes que, por su relevancia medio ambiental se consideran determinantes a los efectos establecidos en la Ley 21/2013. Dichos condicionantes ambientales “se deberán reflejar con carácter previo, en la formulación Plan Parcial donde proceda y en particular, de manera conveniente, en la Normativa Urbanística propia del documento, Planos de Ordenación y Estudio Económico del mismo. El Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en este informe y de aquellas otras que, en su caso, sea necesario adoptar para garantizar el cumplimiento de la Ley 21/20 13”.

Todos los condicionantes ambientales (que abarcan desde el punto 4.1 hasta el punto 4.15 del Informe Ambiental) ya fueron incluidos en el documento que se elevó al Pleno municipal en la sesión del 28 de noviembre de 2017.

Finalmente, en el punto relativo a la interpretación normativa de la viabilidad jurídica de alterar las determinaciones del Plan General en materia de redes supramunicipales a través de un instrumento de planeamiento de desarrollo, afirma que, en efecto, el Ayuntamiento mantiene una interpretación sobre esta cuestión distinta de la sustentada en los informes emitidos por la Dirección General del Suelo y la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en el marco del procedimiento instrumental de evaluación ambiental del Plan Parcial “Los Carriles”.

Afirma que en este marco no se puede olvidar que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid no contempla como preceptiva la emisión de un informe por parte de la Comunidad tras la aprobación inicial y con carácter previo a la definitiva del Plan Parcial. Considera que en el supuesto de municipios, como el de Alcobendas, con más de 15.000 habitantes, no corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer control previo de legalidad, pudiendo en todo caso acudir a la vía regulada en el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, para impugnar los actos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico.

Siendo como es la evaluación ambiental el fin de la actuación administrativa del órgano ambiental competente, su actuación no puede ir dirigida a valorar cuestiones de legalidad urbanística en abstracto (se valorarán en el curso del procedimiento sustantivo por la Administración competente que, en este caso, es el Ayuntamiento). Por ello, en coherencia con el régimen jurídico aplicable, la Dirección General de Medio Ambiente no incluye como condicionante de su Informe referencia alguna a la cuantificación de las redes públicas que se realiza en el Plan Parcial y, constatando el concreto alcance del procedimiento ambiental estratégico, concluye afirmando que “el informe se redacta sin perjuicio de la viabilidad urbanística de la propuesta de ordenación que se apruebe y únicamente considera aspectos ambientales según la Ley 2112013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.

Entrando en el fondo de la cuestión, señala que el artículo 11.4, Intensidad de uso lucrativo, del Capítulo 11°, Suelo Urbanizable Sectorizado, de la Normativa Urbanística del Plan General de Alcobendas dispone que “Las redes de cesión se grafían de forma aproximada y su localización podrá ser reajustada de forma no sustancial en el planeamiento de desarrollo, y en todo caso con el mantenimiento de la superficie legalmente exigible. Las redes se cuantifican y grafían en el Plan General de acuerdo con la legislación vigente y que, en caso de modificación de la legislación, las determinaciones establecidas en el propio Plan perderán su carácter normativo y se ajustarán a la nueva legislación”.

Esta modificación se operó por la Ley 9/2010, que es posterior al Plan General por lo que hay que estar a su régimen transitorio para determinar la efectividad de las nuevas determinaciones con respecto a las situaciones preexistentes. La Disposición Transitoria Octava “Cesión de suelos para redes públicas supramunicipales” de ese nuevo texto legal establece la siguiente regulación:

“Respecto de la cesión de suelos para redes públicas supramunicipales, los instrumentos de planeamiento que a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran en trámite y contaran con la aprobación inicial, mantendrán su tramitación y se resolverán conforme a la legislación a tenor de la cual fueron elaborados.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá optar por la retirada del instrumento de planeamiento y la tramitación de uno nuevo en el que no será necesaria la cesión de suelos para redes públicas supramunicipales”.

Evidentemente, la posibilidad de que el planeamiento de desarrollo (Plan Parcial del sector “Los Carriles”) pueda incorporar las determinaciones conforme a la nueva normativa de redes supramunicipales dependerá de la lectura que se haga del citado régimen transitorio.

Afirma que la aplicación de la Disposición Transitoria mencionada requiere una labor interpretativa que corresponde realizar al operador jurídico que ha de aplicar la norma y que, en este caso, es el Ayuntamiento que elabora y aprueba el planeamiento de desarrollo objeto de tramitación. En este sentido, afirma la Entidad local que ha considerado la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sentencia de 11 de febrero de 2014, en la que se ha corroborado que el planeamiento de desarrollo (en tramitación o el posteriormente aprobado) podía incorporar directamente las nuevas determinaciones legales en materia de redes generales y locales y vivienda protegida. Dicha Sentencia recae como consecuencia del recurso interpuesto por Acción-coda contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas de 26 de septiembre de 2012 por el que se aprueba la adaptación del Plan General a la modificación de la Ley 9/2001 operada por la Ley 6/2011, y se pronuncia al respecto en los siguientes términos:

“En cierta medida la redacción de la Disposición Transitoria es compleja en sus términos pues mezcla conceptos y deja indefinido el procedimiento de adaptación. Veamos, cuando dice que “será de aplicación a los expedientes de planeamiento que a la entrada en vigor de la presente ley no estuvieran aprobados definitivamente” podría resultar evidente que tiene que referirse a los Planes Generales y de Sectorización de conformidad con el contenido del artículo 36 en relación con los [sic] artículos 41.2 b) y 44.2, pero lo cierto es que, como dijimos en nuestra sentencia de 25 de octubre de 2007 (recurso 1270/2030), el art. 36 de la LSM no atribuye al planeamiento general los niveles de servicio de las redes supramunicipales (su localización y dimensionamiento se encomienda al planeamiento regional) y solo en su defecto al planeamiento general (ver apartado 4). Las redes generales, por el contrario, se hallan estandarizadas en el apartado 5 del citado art. 36, referidas tanto a los suelos urbanizables como al urbano no consolidado (nada se dice del suelo urbano consolidado), y han de ser definidas en la ordenación estructurante, pero respecto al conjunto del municipio. Y en cuanto a las redes locales, aunque su dimensionamiento viene estandarizado en el art. 36.6, constituyen una determinación pormenorizada (ver art. 35.4, e) y aquí el plan solo ha de justificar que se aproxima lo más posible a los estándares del art. 36.6 (ver art. 42.5 sobre contenido sustantivo de las determinaciones para el urbano), por lo tanto la Disposición perfectamente puede estar refiriéndose al planeamiento general como al de desarrollo.

La cuestión se complica más cuando, continúa el precepto, señala que “…, cualesquiera que sean las previsiones del Plan al respecto y sin necesidad de modificar éste, cuando así se haya solicitado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y sin necesidad de retrotraerse a fases anteriores en la tramitación”, es claro que no se puede estar refiriendo al Plan General dado que parte de la existencia de unas previsiones que el propio Plan establece y las asume sin necesidad de proceder a su previa modificación.

En realidad la Disposición se está refiriendo a expedientes de planeamiento en tramitación, “no estuvieran aprobados definitivamente” dice, lo que conlleva la aplicación directa de las nuevas determinaciones establecidas en los artículos 36.5 y 6 y el artículo 38.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, y ello sin necesidad de modificar el Plan General o Plan de Sectorización pues se entiende que quedan expresamente sin efecto las determinaciones por eficacia directa de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre.

En consecuencia, aun cuando su contenido pueda ser coincidente con las nuevas determinaciones legales el Acuerdo Impugnado quiebra el artículo 67.1 de la LSCM y la disposición transitoria tercera de la Ley 6/2011 ya que al tratarse de una modificación sustancial por afectar a determinaciones estructurantes si quería modificarlas debería haber acudido al procedimiento legal establecido en aquel precepto o bien aplicarlas con ocasión de la tramitación del planeamiento de desarrollo de los Sectores afectados (a este respecto la Sección pone sus dudas en relación con la aplicación directa del tenor de la disposición pues tratándose el sector de una unidad integrada en el sentido de autosuficiente en equipamientos y servicios, y que han sido calculados en función de la población, los usos y la edificabilidad previstos, dejasen de ser aplicables cuando al propio tiempo y desde el plan general se establecen los sistemas o redes para todo el municipio y que han tenido en cuenta la densidad global máxima y la capacidad de carga y se produzca dicha modificación sin atender tales parámetros generales), pero en ningún caso podía introducir directamente dichas determinaciones en el Plan General al no existir una habilitación expresa en tal sentido por parte de la Ley 6/2011 por ello se estimará el presente recurso.”

Señala el Ayuntamiento que de la sentencia parcialmente transcrita cabe extraer algunas conclusiones:

(i) Se despeja cualquier duda inicial sobre la incompatibilidad del planeamiento de desarrollo para incorporar las nuevas determinaciones legales establecidas en los artículos 36.5 y 6 y el artículo 38.2 de la LSCM (a pesar de su carácter estructurante en lo que se refiere a las cesiones de redes generales).

(ii) Las nuevas determinaciones legales son de aplicación directa (no resulta preciso modificar el Plan General o Plan de Sectorización).

(iii) Las nuevas determinaciones legales pueden incorporarse a la ordenación mediante una modificación del Plan General de Alcobendas conforme a lo previsto en el artículo 67.1 de la LSCM o bien aplicarse con ocasión de la tramitación del planeamiento de desarrollo de los Sectores afectados (en este caso, sin necesidad de modificar el Plan General previamente).

Entiende que desde esta perspectiva, la interpretación realizada por dicha Corporación no es, en absoluto, ilógica o arbitraria, sino que, al contrario, se basa en la doctrina jurisprudencial citada, que constata que “(…) la disposición perfectamente puede estar refiriéndose al planeamiento general como al de desarrollo (…)” y que si el Ayuntamiento quería modificar los estándares de redes públicas debería “aplicarlas con ocasión de la tramitación del planeamiento de desarrollo de los Sectores afectados”.

Por último, quiere destacar la Administración local que, como se puede comprobar en el documento del Plan Parcial, las reservas indicadas en la ficha del Plan General para las que se pueden denominar Redes Públicas Estructurantes (Supramunicipales + Generales) en el Sector son de 968.003 m2 y el Plan Parcial reserva un total para estas Redes Estructurantes de 979.580 m2, lo que supone una reserva de suelo de 11.577 m2 más que las indicadas en la propia ficha del Plan General y de 764.864 m2 más que las legalmente establecidas.

En definitiva, la ordenación pormenorizada establecida por el documento del Plan Parcial cumple, en todos los casos, los estándares mínimos de redes establecidos por la LSCM. El Plan Parcial respeta, de esta forma, la cuantía mínima de Redes Públicas Estructurantes señalada en la ficha del Plan General para el Sector. Lo único que se produce, en realidad, es un cambio en la titularidad de las Redes Públicas Estructurantes, pasando todas ellas a formar parte del suelo público municipal, por lo que la supresión de las Redes Supramunicipales en el sector no produce efecto sustantivo alguno en dicho ámbito ni en el conjunto del municipio de Alcobendas.

Una vez analizado su contenido, se efectúan las siguientes consideraciones por parte de esta institución:

  1. Tradicionalmente, el Derecho urbanístico español ha configurado al planeamiento urbanístico como una potestad administrativa de competencia municipal, que la Corporación ejerce de manera discrecional y en régimen de autonomía.
  2. En nuestro ordenamiento existe un amplio cuerpo de disposiciones sectoriales, tanto estatales como autonómicas, que constituyen un límite imperativo para el despliegue de la discrecionalidad planificadora municipal. Por ejemplo, varios tipos de informes preceptivos y vinculantes previstos por las leyes, y que han de ser emitidos por la Administración estatal se han considerado compatibles con la autonomía local por la jurisprudencia, y hoy los recoge el propio texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, calificándolos de “determinantes”. Además, en el procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento la comunidad autónoma ejerce competencias propias, diferentes de las competencias genéricas de “control inter-administrativo”.En efecto, las CCAA disponen de dos importantes bases competenciales desde las cuales introducir “correcciones”, “medidas correctoras” o “condiciones” en el proyecto de plan urbanístico elaborado en sede local. La primera es su competencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, que se desenvuelve tanto en el plano normativo, como en el de planificación y en el ejecutivo. La segunda, su competencia en materia de medio ambiente, en el doble plano legislativo (normas adicionales de protección) y sobre todo ejecutivas (artículo 148.9 de la Constitución). No hay, por tanto, que olvidar que las CCAA disponen de todas las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio y también en materia ambiental.
  3. Además la postura jurisprudencial mayoritaria es que las CCAA disponen de facultades de control de legalidad, por una parte, y también sustantivas, abarcando los aspectos de oportunidad que se extienden a las cuestiones que tengan entidad, dimensión o alcance supralocal. Desde la perspectiva del control de “mera” legalidad, la Administración autonómica dispone de un amplio margen para controlar si el plan sometido a aprobación definitiva cumple todas y cada una de las normas ambientales sectoriales, estatales o sectoriales, que condicionan o limitan la actividad urbanística (contaminación atmosférica, ruido, residuos, protección de la naturaleza, demandas hídricas, etc.). Desde la del control de oportunidad para la salvaguarda de intereses supralocales, es evidente que la protección del medio ambiente (ámbito en el que las CCAA tienen competencias exclusivas), constituye una cuestión de ámbito supralocal, y que cuando aquellas actúan en defensa del medio ambiente ejercen competencias propias.En ese sentido, y como ha establecido la jurisprudencia contencioso- administrativa, el control autonómico puede revisar las decisiones de la entidad local, en aspectos discrecionales que tienen que ver con intereses supralocales.
  4. En cualquier caso, más allá de las discrepancias manifestadas en sus informes por ambas administraciones, local y autonómica, en lo que se refiere a la interpretación normativa de la viabilidad jurídica de alterar las determinaciones del Plan General en materia de redes supramunicipales a través de un instrumento de planeamiento de desarrollo, lo cierto es que todo indica que el Plan Parcial del Sector S-1 ‘Los Carriles’ no va a aprobarse definitivamente al menos en los términos en que está planteado actualmente, dado que como señala el informe del Ayuntamiento en la sesión plenaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2017 no fue adoptado dicho acuerdo y además no existe en estos momentos impulso político alguno para elevar de nuevo el documento al Pleno municipal.

Por ello, se dan por FINALIZADAS las actuaciones practicadas y por emitida la correspondiente información prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)

Un nueva exposición en el Centro de Arte Alcobendas: Fotos de aves

El miércoles que viene se inaugurará, en el Centro de Arte Alcobendas, a las 11 horas, una exposición fotográfica sobre aves con el título “Never-ending Handbook. Guía de las aves de mi mundo. Juan del Junco”. Las fotos las tomó un fotógrafo artista con nombre Juan del Junco. Ver información del Centro de Arte Alcobendas: http://www.centrodeartealcobendas.org/es/guia-aves-mundo-juan-junco. La exposición se podrá visitar hasta el 25 de agosto de 2018, de lunes a sábado – salvo en días festivos -, de 11 a 20 horas.

En Alcobendas hay una zona llamada “Los Carriles” la que tiene una extensión de más de 217 hectáreas y está cubierta por una maravillosa pradera. El Ayuntamiento de Alcobendas quiere que se erija allí un nuevo barrio con 27.000 habitantes lo que sería claramente ilegal. La zona forma parte del hábitat de plantas y animales salvajes y es frecuentado por vecinos, deportistas y amantes de la naturaleza. Entre los animales que se asoman allí hay aves, también aves en peligro de extinción – hasta águilas (ver mi video en el post del 19/5/2017). En los posts anteriores hay más información sobre el megaproyecto urbanístico y las protestas contra él.

Monjas horrorosas

Hace unos días Cadena SER Madrid Norte informó sobre un caso peculiar de especulación urbanística (ver post anterior). En el periódico mensual La Tribuna de la Moraleja ha salido ahora un artículo (https://www.tribunadelamoraleja.com/noticia/7293/actualidad/el-pleno-de-alcobendas-votara-si-se-mantiene-o-no-el-edificio-de-la-iglesia-de-las-esclavas-de-la-moraleja.html). La Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús – ¿qué dice? ¿Nada?

25/4/2018: El periódico diario La Razón afirma que la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús “en la actualidad … negó a este diario que tuviera intención alguna de vender su propiedad” (artículo “Alcobendas llevará a Sol la protección de la iglesia de las Esclavas”, https://www.larazon.es/local/madrid/alcobendas-llevara-a-sol-la-proteccion-de-la-iglesia-de-las-esclavas-AA18188181). Parece que las monjas ahora, al final, han cambiado de intención.